Resumen: PRIMERO.- Motivos del recurso. Error en la valoración de la prueba. La parte apelante mantiene las mismas alegaciones efectuadas en primera instancia, a saber, que para eliminar las filtraciones de agua se propuso a la actora dos alternativas, eligiendo la comunidad la más económica, que no incluía los trabajos por el exterior. Que las obras fueron correctamente ejecutadas y que han transcurrido dos años desde que fueron concluidas sin recibir reclamación de ningún tipo hasta que los nuevos adquirentes del local deciden efectuar unos trasteros siendo el arquitecto que dirige tales reformas quien efectúa el informe pericial que se aporta por la actora. Que al requerimiento de la comunidad se efectuó una propuesta con una solución en principio no contemplada en el presupuesto aceptado por la comunidad, siendo así que la Comunidad contrata a otra empresa impidiendo a la apelante efectuar reparación alguna. Se alega que el informe pericial de adverso no toma en cuenta los presupuestos presentados a la Comunidad . En cuanto al importe reclamado basado en el doc. nº 6 de la demanda, del mismo no se atisba que partidas sustituyan las que en su día se ejecutaron, y de hecho de la documental aportada con la contestación se acredita que el muro ejecutado se encuentra en perfectas condiciones, siendo la carga de la prueba de la actora. Mantiene la parte apelante que aun admitiendo que las obras ejecutadas han sido defectuosas, la parte no ha podido subsanar las mismas( pues en octubre de 2018 ya se habían ejecutado por un tercero), y ello sin haberse producido si quiera una notificación de resolución del contrato, solicitando un importe que no se corresponde ni con las obras que resultan necesarias ni con las inicialmente contratadas, incumpliendo con la obligación del comitente, y negando el derecho de reparación in natura que asiste a la parte.
Resumen: PRIMERO.- El recurso de apelación que plantea la parte apelante se centra en reiterar la responsabilidad de la demandada por no cumplir con su labor de diligencia en el mantenimiento adecuado de la via de la que la entidad demandada es concesionaria; reitera que la irrupción del jabalí está acreditada y que la prueba testifical viene a acreditar la ausencia de una diligencia debida; aporta jurisprudencia que estima da la razón a su reclamación y por ello interesa la estimación del recurso, reiterando la reclamación por la afección del 30% del valor venal del vehículo que no ha sido aceptado por la demandada.
